Mexicali. – El Pleno del Congreso del Estado se convirtió en el escenario de un firme pronunciamiento en favor de los colectivos de búsqueda, donde la diputada Alejandrina Corral Quintero demandó al Estado acciones inmediatas frente a la localización de al menos diez fosas clandestinas en el Valle de Mexicali. Mediante este posicionamiento oficial, el Poder Legislativo reconoció la insuficiencia de las instituciones actuales y exhortó a implementar políticas públicas eficaces que incluyan recursos tecnológicos, identificación forense oportuna y atención integral a las familias que suplen las tareas de localización en la entidad.
La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó un posicionamiento ante el Pleno del Congreso del Estado para visibilizar la crisis de desapariciones en la entidad, reconociendo la labor de los colectivos de madres buscadoras frente a lo que calificó como una insuficiencia de acompañamiento institucional.
Durante su intervención, la legisladora subrayó la gravedad de la situación en el Valle de Mexicali, donde se ha reportado el hallazgo de al menos diez fosas clandestinas con un total de veinte cuerpos localizados, cifras que representan historias de vida truncadas por la violencia y familias profundamente afectadas.
Tras solicitar un minuto de silencio en memoria de las víctimas, Corral Quintero enfatizó que este gesto simbólico debe traducirse en acciones estatales concretas, tales como la asignación de recursos suficientes, el fortalecimiento de la tecnología de búsqueda, la identificación forense oportuna y una atención integral a las víctimas indirectas.
Finalmente, la diputada hizo un llamado a las autoridades para que asuman la búsqueda como una responsabilidad constitucional ineludible, reafirmando el compromiso legislativo con la verdad, la justicia y la protección digna de las familias que, en un acto de amor y perseverancia, continúan supliendo las tareas de localización de sus seres queridos en Baja California.
Este llamado desde la tribuna parlamentaria busca establecer un precedente para que la búsqueda de personas sea asumida no solo como una labor humanitaria, sino como una responsabilidad constitucional ineludible. Las implicaciones de este pronunciamiento obligan a revisar la asignación presupuestaria y los protocolos de actuación de la Fiscalía General y la Comisión Local de Búsqueda, garantizando que el marco legal vigente se traduzca en una reparación integral del daño y en el cumplimiento estricto del derecho a la verdad que asiste a todas las familias de Baja California.
