- A través de un punto de acuerdo, Michel Sánchez, presidenta del Congreso del Estado propuso una ruta de colaboración con el Ejecutivo estatal y municipal para resolver la situación catastral de la carretera Santa Isabel, abriendo el camino a la inversión en infraestructura vial y educativa.
Mexicali.– Lograr que la normatividad jurídica actúe como un facilitador del progreso urbano y no como un obstáculo es uno de los mayores retos de la gobernanza moderna. Con esta visión, la presidenta del Congreso del Estado de Baja California, Michel Sánchez Allende, ha puesto en marcha una iniciativa estratégica orientada a concretar la rehabilitación integral de la Carretera Santa Isabel, una de las arterias viales más transitadas y con mayor necesidad de intervención en el poniente de la capital.
La propuesta legislativa plantea un esquema de coordinación transversal en el que el Congreso local haga equipo con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), la Secretaría de Hacienda y la Consejería Jurídica del Estado, sumando voluntades también con el Ayuntamiento de Mexicali para resolver un rezago administrativo histórico en la zona.
El principal desafío técnico que presenta la Carretera Santa Isabel radica en su estatus registral: una sección de la vialidad se encuentra catalogada bajo el régimen de propiedad privada, una anomalía jurídica que históricamente ha impedido que los tres órdenes de gobierno puedan destinar recursos públicos para su pavimentación y mantenimiento.
Para solventar esta limitante, la diputada Michel Sánchez expuso un abanico de mecanismos contemplados dentro del marco legal vigente en el estado, diseñados para destrabar el derecho de vía de manera oportuna y transparente:
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Mecanismos de concertación: Celebración de convenios institucionales con los propietarios.
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Adquisición patrimonial: Procesos de compraventa justos y apegados a valor comercial.
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Garantía del interés colectivo: Aplicación de la expropiación por causa de utilidad pública, priorizando siempre el bienestar de la comunidad.
La urgencia de modernizar esta ruta obedece a razones de seguridad pública y planeación educativa. Sánchez Allende enfatizó que dotar a la vialidad de pavimento óptimo, señalización adecuada y semaforización eficiente es indispensable para salvaguardar la integridad de las familias de la zona y reducir los índices de siniestralidad vial.
Asimismo, la legisladora precisó que la regularización y mejora de esta vía de comunicación es la llave maestra para consolidar y dar accesibilidad a los nuevos proyectos de infraestructura educativa que las autoridades correspondientes tienen proyectados para el sector poniente, asegurando el derecho a la educación en entornos urbanos ordenados.
