- Bajo la coordinación de la Dirección de Comercio y en coadyuvancia con la Profeco, el Ayuntamiento de Ensenada desplegó infraestructura informativa en español e inglés dentro del andador turístico.
- La medida dota a los visitantes de herramientas de verificación de tarifas y canales de denuncia ante cobros indebidos.
Ensenada.– El Gobierno de Ensenada puso en marcha el despliegue de infraestructura informativa bilingüe en los accesos y pasillos del complejo ecoturístico La Bufadora, ubicado en la delegación de Maneadero. Esta estrategia de ordenamiento, instruida por la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz, busca mitigar las incidencias por cobros discrecionales y consolidar mecanismos de consumo informado que protejan los derechos patrimoniales de los visitantes nacionales y extranjeros.
La señalética preventiva, distribuida en puntos de alto flujo peatonal, desglosa directrices operativas en español e inglés para orientar la interacción comercial. Los lineamientos técnicos exhortan a los usuarios a exigir la tabulación visible de precios antes de realizar consumos, verificar el desglose de tarifas en menús y servicios de estacionamiento, y supervisar los montos finales antes de validar transacciones mediante terminales bancarias o tarjetas de crédito.
El equipamiento visual incorpora de forma explícita los canales de enlace e intervención jurídica de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) en Ensenada, enlazados al sistema de atención a contingencias mediante la línea de emergencias 9-1-1. Esta intervención complementa los operativos de inspección de la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, área encargada de sancionar el comercio informal y vigilar que las unidades de negocio cumplan con los reglamentos de operación municipal.
La instalación de señalética bilingüe y preventiva en el andador de La Bufadora formaliza una política de blindaje turístico que busca erradicar las malas prácticas comerciales en el principal atractivo natural del municipio. Al vincular las facultades fiscalizadoras del Ayuntamiento con los esquemas de protección federal de la Profeco, la administración de Claudia Agatón Muñiz estructura un entorno de certeza económica que favorece la competitividad del destino. Este ordenamiento del polígono comercial no solo previene abusos de consumo que lesionan la imagen pública del puerto, sino que estandariza las reglas de operación para los locatarios, elevando los indicadores de confianza y calidad en los servicios turísticos de Baja California.
