- Durante la sesión ordinaria de EUxTJ, la especialista María del Socorro López Villarreal advirtió que las fiscalizaciones forzadas por el GAFI impactan injustamente al sector productivo formal.
- Revela que la efectividad en decomisos reales es mínima, mientras que el juicio de amparo sigue siendo la principal defensa patronal.
Tijuana.– El bloque empresarial agrupado en la asociación Empresarios Unidos por Tijuana (EUxTJ) urgió al sector productivo regional a robustecer sus sistemas de control interno, auditoría y compliance corporativo como medida preventiva indispensable frente a la fiscalización y el congelamiento preventivo de activos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Durante el foro denominado “Bloqueo de cuentas bancarias por la UIF”, los litigantes y consejeros advirtieron que la presión regulatoria internacional ha derivado en un endurecimiento administrativo que vulnera de forma generalizada el flujo operativo de los contribuyentes cumplidos.
La ponencia central estuvo a cargo de la ex jueza federal María del Socorro López Villarreal, quien contextualizó que este rigorismo en la fiscalización de flujos de capital responde directamente a las evaluaciones y compromisos asumidos por el Estado mexicano ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). No obstante, la especialista apuntó que existe una marcada asimetría entre el volumen de cuentas intervenidas a nivel nacional y la efectividad real en las carpetas judiciales, puesto que los decomisos de activos financieros y las sentencias condenatorias definitivas por operaciones con recursos de procedencia ilícita se mantienen en niveles mínimos en el país.
López Villarreal expuso que las autoridades hacendarias han optado por aplicar criterios recaudatorios y coercitivos generalizados sobre personas físicas y morales, en lugar de perfeccionar la inteligencia financiera mediante el análisis individualizado de los reportes de operaciones relevantes o inusuales. Esta falta de focalización satura los tribunales, obligando a las empresas a recurrir al juicio de amparo indirecto como mecanismo de restitución patrimonial; bajo este esquema legal, se estima que de una muestra histórica de aproximadamente mil 580 procedimientos promovidos, los juzgados de distrito conceden un promedio de 42 sentencias favorables con carácter definitivo cada mes, devolviendo la liquidez a las unidades de negocio afectadas.
La postura fijada por EUxTJ y la ex jueza López Villarreal expone la necesidad de equilibrar los compromisos internacionales de bioseguridad financiera con la presunción de inocencia y los derechos patrimoniales del empresariado en Tijuana. Al demostrarse que los bloqueos masivos de la UIF no se traducen en un desmantelamiento estructural de la delincuencia organizada, las estrategias de prevención interna en las empresas se vuelven la primera línea de defensa para evitar la parálisis operativa. Esta profesionalización del área contable y legal no solo protege el patrimonio de las industrias y comercios locales frente a criterios unilaterales, sino que abona a una cultura de transparencia corporativa indispensable para mantener la estabilidad económica en una región tan dinámica y observada como la frontera de Baja California.
