- La presidenta del Congreso del Estado, Liliana Michel Sánchez Allende, presentó un paquete legislativo integral que modifica la Constitución local y la Ley de Desarrollo Urbano.
- La iniciativa busca condicionar el crecimiento territorial al libre disfrute de los espacios públicos, blindando suelos agrícolas y áreas de conservación ante intereses particulares.
Mexicali.– La presidenta del Poder Legislativo de Baja California, la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que contempla una reforma estructural a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Desarrollo Urbano local. El paquete legislativo tiene como objetivo elevar el «Derecho a la Ciudad» al rango de garantía constitucional, obligando formalmente a los tres órdenes de gobierno a reconfigurar la planeación del territorio bajo principios de equidad, inclusión, sustentabilidad ambiental, resiliencia y justicia social.
Sánchez Allende explicó que el Derecho a la Ciudad se define técnicamente como la facultad de los habitantes para habitar, usar, producir y disfrutar de asentamientos urbanos justos, seguros y sostenibles. Al integrarse como un mandato ineludible en la Carta Magna del estado, esta reforma condicionará la aprobación de futuros planes de desarrollo urbano, obligando a las administraciones municipales a priorizar la movilidad eficiente, el transporte no motorizado, la vivienda digna y el rescate del espacio público sobre el modelo expansivo e hipertrofiado que ha caracterizado el crecimiento de las ciudades fronterizas.
Como mecanismo de vinculación operativa, la propuesta parlamentaria incorpora la adición del artículo 3 BIS a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. Esta modificación fija un marco regulatorio estricto para contener el crecimiento urbano desarticulado y fragmentado, estableciendo límites legales directos a la especulación inmobiliaria. Asimismo, el dictamen introduce de manera troncal la perspectiva de género y criterios de accesibilidad universal, reconociendo que las barreras de infraestructura actuales afectan de forma asimétrica a mujeres, infancias, adultos mayores y colectivos históricamente vulnerados en su movilidad cotidiana.
El nuevo marco jurídico estatal también blinda el patrimonio ecológico y agropecuario de la entidad al prohibir de forma explícita el cambio de uso de suelo en áreas de conservación ecológica y en terrenos de alta vocación agrícola. De aprobarse por el pleno y recibir el aval del constituyente permanente municipal, este paquete legislativo armonizará la legislación de Baja California con los lineamientos globales de ONU-Hábitat y la Ley General de Asentamientos Humanos, Territorio y Urbanismo, transformando la gestión del suelo en un instrumento de bienestar social colectivo.
La iniciativa impulsada por la diputada Michel Sánchez Allende plantea una ruptura estructural con el modelo de desarrollo urbano que ha imperado en Baja California, transitando de un enfoque mercantilista a uno de derechos humanos fundamentales. Al proponer la protección constitucional de los espacios públicos y de los suelos agrícolas frente a los intereses de la especulación inmobiliaria, el Congreso local asume la responsabilidad de normar el crecimiento de urbes de alta densidad como Tijuana y Mexicali. Esta reforma no solo dota a los municipios de herramientas jurídicas para contener la expansión periférica desordenada, sino que sienta las bases para un urbanismo inclusivo y sustentable que democratiza el acceso a los servicios públicos e infraestructura de calidad para las futuras generaciones de la frontera.
