- Durante la sesión técnica de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) Tijuana, el especialista Dr. Salvador Enrique Jiménez Quezada explicó que la legislación tributaria traslada la carga de la prueba a personas físicas y morales.
- El presidente del organismo, Martín Humberto Guisado Valdez, instó a las autoridades a agilizar devoluciones y garantizar la seguridad jurídica.
Tijuana.– El ejercicio del cumplimiento fiscal en México atraviesa por un escenario de creciente complejidad técnica y administrativa, derivado de la proliferación de presunciones y ficciones legales incorporadas en el marco normativo. En el marco del desayuno técnico de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) Tijuana, especialistas en materia tributaria analizaron el impacto de estos mecanismos de fiscalización, señalando que la inversión de la carga de la prueba impone desafíos severos tanto para las personas físicas como para el sector corporativo.
El especialista en derecho fiscal, Dr. Salvador Enrique Jiménez Quezada, expuso ante los socios del colegio la ponencia «Análisis comparativo de las presunciones y ficciones legales en el sistema fiscal mexicano». Jiménez Quezada detalló que en el ordenamiento tributario vigente existen más de 200 presunciones articuladas no solo en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sino también en los cuerpos normativos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El abogado fiscalista precisó que esta configuración legal invierte la presunción de inocencia administrativa: en lugar de que el órgano fiscalizador demuestre la inconsistencia, le corresponde al contribuyente desvirtuar las observaciones de la autoridad mediante soporte documental y trazabilidad operativa. Esta dinámica ha derivado en un fortalecimiento de los requerimientos digitales, Auditorías Electrónicas y revisiones profundas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), elevando los costos de cumplimiento para quienes operan en la formalidad.
Por su parte, el presidente de la AMCP Tijuana, Martín Humberto Guisado Valdez, subrayó la urgencia de mantener una capacitación continua entre los profesionales de la contaduría para ofrecer una defensa y asesoría técnica oportuna. Guisado Valdez concluyó solicitando a las autoridades hacendarias corresponsabilidad institucional: puntualizó que, al tiempo que se intensifican las facultades de comprobación, las dependencias deben brindar mayor certidumbre jurídica, agilizar los trámites digitales y cumplir en tiempo y forma con los plazos de devolución de saldos a favor, equilibrando la relación entre el fisco y los contribuyentes.
El análisis presentado en la AMCP Tijuana por el Dr. Salvador Enrique Jiménez Quezada y el contador Martín Humberto Guisado Valdez evidencia la necesidad de construir un sistema tributario donde la efectividad fiscalizadora no menoscabe los derechos de la ciudadanía ni la certidumbre de los contribuyentes. Al advertir sobre el impacto de las presunciones legales, el gremio contable reafirma su rol como puente técnico indispensable entre los órganos recaudadores y el sector productivo. Garantizar procesos expeditos, simplificación administrativa y certeza en las devoluciones resulta fundamental para incentivar la economía formal, proteger la certidumbre jurídica y consolidar las bases para el desarrollo equitativo y el Bienestar Compartido en Baja California.
