- La iniciativa presentada en el Congreso del Estado por la diputada Michel Sánchez establece reglas estrictas para el ahorro en viáticos, publicidad y salarios de altos funcionarios; el objetivo es reorientar recursos hacia salud, educación y seguridad bajo un modelo de disciplina financiera.
Mexicali.- Con el propósito de erradicar los privilegios en la administración pública y garantizar que los recursos estatales se destinen prioritariamente al bienestar social, la diputada Liliana Michel Sánchez Allende presentó formalmente la iniciativa para crear la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Baja California y sus Municipios. La propuesta busca alinear la gestión local con la visión de gobierno eficiente impulsada a nivel nacional por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la exposición de motivos, la legisladora explicó que esta ley dotará a la entidad de un marco normativo obligatorio para todos los entes públicos, incluyendo poderes del Estado, organismos autónomos y ayuntamientos. “La austeridad es una forma de gobernar con responsabilidad; es asegurar que el dinero público se utilice para el bienestar de las familias, no para excesos ni privilegios”, puntualizó Sánchez Allende, subrayando que la reforma combate el uso discrecional del presupuesto.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, contempla ejes fundamentales como la eliminación de duplicidades administrativas, la reducción de gastos en comunicación social y viáticos, y la regulación estricta de las remuneraciones de los servidores públicos de alto nivel. Además, se propone la creación de un Programa Anual de Austeridad y Ahorro, una herramienta técnica para planificar y transparentar el ejercicio presupuestal de cada dependencia.
Finalmente, la diputada aclaró que estas medidas de control financiero están dirigidas a corregir distorsiones en los niveles superiores de la administración y no afectarán a las y los trabajadores de base. Con este proyecto, el Congreso de Baja California busca cerrar brechas de desigualdad institucional, bajo la premisa de que la eficiencia en el gasto es clave para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar un gobierno cercano a la gente.
