MEXICALI BC, 30 de octubre de 2025.- El diputado Jaime Cantón Rocha, presentó iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California con el propósito de crear el delito de corrupción inmobiliaria y frenar prácticas que afectan directamente el patrimonio de las familias, vulneran el derecho a una vivienda digna y fomentan redes de colusión entre particulares y servidores públicos.
Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que, “para llevar a cabo un despojo, además de la ocupación material ilegal de la vivienda, se requiere de planeación, se requiere de la articulación de abogados, notarios, jueces y funcionarios públicos corruptos que facilitan, toleran y con ello, preparan el despojo, quienes a lo largo del tiempo han quedado impunes”.
En ese sentido afirmó que la reforma incorpora, por primera vez en Baja California, la corrupción inmobiliaria para ser considerada y castigada como un delito grave, con penas que pueden ser desde 10 hasta 20 años de prisión, para funcionarios que permitan, por acción u omisión, edificaciones ilegales o la construcción sin cumplir requisitos legales, así como a los particulares que participen en esas obras.
También establece que, cuando estas conductas afecten el derecho de propiedad sobre una vivienda, las penas ordinarias aplicables a delitos vinculados —como fraude, despojo, falsificación de documentos, abuso de autoridad, cohecho o tráfico de influencias— deberán duplicarse, dada la gravedad social que implica dejar a una persona sin su hogar.
El diputado destacó que esta propuesta responde a fenómenos documentados en México y Baja California, como el denominado “cártel del despojo” y envía un mensaje contundente: en Baja California la corrupción inmobiliaria dejará de ser una práctica tolerada y pasará a ser un delito grave, “con esta reforma protegemos el patrimonio de las y los bajacalifornianos, cerramos espacios a la impunidad y fortalecemos el derecho humano a una vivienda segura y legal”.
Subrayó que el fortalecimiento normativo es indispensable para combatir la impunidad, por tal motivo, los sistemas de control administrativo y la procuración de justicia deben funcionar eficientemente para permitir la investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción; si estos mecanismos son débiles, entonces se incentiva a incurrir en dichas conductas.
