TIJUANA BC, 17 de febrero de 2026.- El rebasar los límites permitidos en pagos en efectivo dentro de operaciones inmobiliarias puede derivar en multas cuantiosas, revocación de patentes notariales e incluso penas de prisión, por lo que especialistas hicieron un llamado a reforzar el cumplimiento de la Ley Antilavado ante las actualizaciones fiscales previstas para 2026.
Lo anterior lo expuso el Lic. Gustavo Casanova López, notario público número 21 de Tijuana, durante el desayuno empresarial de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Tijuana, donde abordó temas en materia fiscal y económica, con el objetivo de fortalecer la capacitación de los agremiados.
El experto explicó el impacto del marco fiscal en las operaciones traslativas de dominio, así como en las disposiciones de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que también contempla a los profesionales inmobiliarios.
“El tema fiscal y la prevención de lavado de dinero son fundamentales en las operaciones inmobiliarias, ya que los notarios y corredores debemos acreditar la forma en que se realizan los pagos y cumplir estrictamente con la normativa vigente”, señaló.
Detalló que actualmente existe un límite cercano al millón de pesos para operaciones en efectivo en compraventas inmobiliarias, y que a partir de ese monto los pagos deben documentarse mediante transferencias electrónicas, cheque certificado o cheque de caja.
Asimismo, advirtió que el incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones que van desde multas cuantiosas hasta la revocación de la patente notarial, e incluso penas de prisión.
El notario agregó que México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que supervisa el cumplimiento de estándares internacionales en materia antilavado, por lo que el sector inmobiliario es considerado una actividad vulnerable y altamente vigilada por las autoridades.
Por su parte, la Lic. Dulce Belén Reynoso Reyes, presidenta de AMPI Tijuana, refirió que este tipo de capacitaciones permiten brindar mayor certeza jurídica tanto a agentes como a clientes.
“Es importante que todas las operaciones se realicen bajo la norma de la ley, ya que de lo contrario podríamos ser acreedores a sanciones, multas o incluso responsabilidades penales dependiendo de los montos”, expresó.
Finalmente, la dirigente subrayó que el cumplimiento de los techos máximos en operaciones en efectivo y la correcta documentación de pagos no sólo protegen a los profesionales del sector, sino que fortalecen la confianza del mercado inmobiliario, al garantizar que cada transacción se lleve a cabo dentro del marco legal.
