Walberto Solorio Meza, presidente del Consejo Agrícola de Baja California (CABC), durante una reunión con funcionarios federales y estatales, advirtió que la informalidad laboral en el sector agrícola se ha convertido en un problema estructural que pone en riesgo tanto la competitividad como los derechos de los trabajadores en el valle de San Quintín, ya que más del 50% del empleo en México se mantiene en la informalidad, fenómeno que afecta especialmente al sector agroexportador.
“Competimos en condiciones desiguales. Quienes cumplimos con obligaciones laborales y de seguridad social enfrentamos una competencia desleal por parte de quienes operan en la informalidad, sin asumir responsabilidades con sus trabajadores. Esta práctica conocida como ‘saliendo pagando’ es una bomba de tiempo para el desarrollo formal del campo”, declaró Solorio Meza ante la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.
La reunión celebrada el pasado 5 de agosto en el municipio de San Quintín congregó a representantes del Gobierno del Estado, funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de la presidencia municipal.
El presidente del CABC, en su mensaje, insistió en la urgencia de establecer una mesa permanente de trabajo que integre a líderes agrícolas, autoridades y trabajadores del campo, con el fin de generar soluciones integrales a problemáticas históricas que persisten desde 2015.
“El rezago en San Quintín no es nuevo. Han pasado 10 años desde que se formularon las primeras demandas formales por parte del sector, y seguimos sin ver transformaciones sustanciales.
Requerimos una ruta de trabajo con compromisos medibles, presupuestos asignados y seguimiento institucional real”, puntualizó.
Otra de las urgentes necesidades del sector agrícola que se trataron en este evento, fue la revisión de las cargas fiscales municipales, estatales y federales, con el objetivo de que se traduzcan en infraestructura pública que aporte al desarrollo del municipio. También se demandó atención urgente a la crisis en materia de salud, derivada del abandono de la obra del Hospital Rural Bienestar 69.
“El hospital que debía ser una solución hoy es símbolo del abandono. Exigimos que los compromisos de salud se materialicen y se incorporen esquemas de atención específicos para la población agrícola y sus familias”, sostuvo.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, en esta sesión, confirmó que Baja California es referente nacional en el pago de cuotas obrero-patronales en el sector agrícola, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). También adelantó que desafortunadamente, el decreto de beneficios fiscales para trabajadores eventuales del campo no será renovado para 2026.
El IMSS anunció la próxima construcción de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIS) en San Quintín, con capacidad para 110 menores cada uno, incluyendo atención de lunes a domingo para niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los cinco años.
También se pondrán en marcha centros comunitarios del programa PILARES, enfocados en actividades culturales, deportivas y tecnológicas.
Otro de los temas cruciales que se pusieron en la mesa de discusión durante este encuentro, fue la implementación del programa federal Certificado Laboral de Agroexportación, el cual busca certificar condiciones laborales y de sustentabilidad en los cultivos de exportación. La STPS informó que este esquema, actualmente en fase piloto con el aguacate, será replicado gradualmente en otros productos agroalimentarios.
Solorio Meza solicitó que dicho programa tome en cuenta las particularidades de cada cultivo y las dinámicas temporales del empleo agrícola. “Requerimos un esquema de afiliación al IMSS que se adapte a la realidad del trabajo eventual en el campo, y que respete los derechos laborales sin poner en desventaja a las empresas que cumplen”, dijo.
La Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, cerró las intervenciones oficiales reconociendo el abandono histórico de San Quintín y comprometiéndose a facilitar la ejecución de los planes derivados del mandato presidencial para mejorar las condiciones de vida de las comunidades agrícolas. En su mensaje, llamó a la coordinación interinstitucional como única vía para resolver los rezagos estructurales del municipio.
Durante el evento también se hizo un llamado a revisar los esquemas de inspección laboral. Desde el CABC se advirtió que la concentración de auditorías en un grupo reducido de empresas limita el alcance real de la vigilancia, perpetuando condiciones precarias en sectores no supervisados.
“El Estado no puede seguir dejando solos a los que sí cumplen. Debe garantizarse que todas las empresas del sector operen bajo las mismas reglas, y que los derechos de todos los trabajadores sean protegidos con la misma seriedad”, afirmó el líder empresarial.
Al cierre de la reunión, el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, encomendó al titular de la SADER en Baja California, José Antonio Ramírez, coordinar las mesas técnicas de trabajo y dar puntual seguimiento a los compromisos asumidos.
El CABC reiteró su disposición para colaborar activamente en estos procesos, siempre que se garantice voluntad institucional, asignación presupuestal y rendición de cuentas. “San Quintín no necesita discursos. Necesita resultados”, concluyó Walberto Solorio Meza.
