**La solución es una estrategia de ingeniería y arquitectura social que reoriente los recursos y la fiscalización: CICE
ENSENADA BC, 19 de octubre de 2025. – El fracaso de las viviendas de 40
metros cuadrados (m²) o menos en Baja California se debe a un incumplimiento
sistemático de las leyes federales, estatales y municipales, revela un análisis
técnico-legal realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada (CICE).
Ricardo Herrera Magdaleno, presidente del CICE, señaló que esa situación ha
traído consecuencias negativas en la convivencia y en la salud mental y física de
las familias, provocadas por el hacinamiento y el estrés; este hecho tuvo su mayor
manifestación durante la pandemia de COVID-19.
Las autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo el Ayuntamiento de
Ensenada, tienen la obligación legal de aplicar el estándar óptimo de 90 m² de
construcción o 60 m2 progresiva, indicó.
Con ello, precisó, se busca garantizar un espacio vital suficiente que proteja la
salud mental, fomente la convivencia, asegure la movilidad universal y promueva
el desarrollo económico de la familia mexicana.
Analizando el Hábitat en Baja California 2025: “Superficie, Seguridad y la
Jerarquía Normativa", establece que la Ley Federal de Vivienda a cargo de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi), especifica los requisitos técnicos que definen la
vivienda digna y decorosa, los cuales son el piso normativo que el Estado está
obligado a cumplir, subrayó Herrera Magdaleno.
Desde la perspectiva del CICE, apuntó el presidente, el incumplimiento de los
estándares de superficie adecuada en Baja California, particularmente en
Ensenada, para garantizar condiciones adecuadas de espacio y salubridad,
representa un desafío para la ingeniería civil y la arquitectura que trasciende lo
meramente constructivo.
El modelo de vivienda ultra compacta de 32 o 42 metros cuadrados, no es solo
una falla de diseño; es un riesgo legal, estructural y social que vulnera los
derechos humanos y la estabilidad del patrimonio familiar, consideró el dirigente.
El análisis se centra en la obligatoriedad legal que, subrayó, compromete a que el
diseño de la vivienda cumpla con el marco federal de que la edificación en México
se fundamenta en garantizar la dignidad y los derechos humanos.
La Constitución establece el principio pro-persona y consagra el derecho de toda
familia a una vivienda digna y decorosa, aplicable bajo principios de equidad e
inclusión social, aseveró el presidente del CICE.
La Ley Federal de Vivienda obliga a que esta cuente con espacios habitables y
auxiliares suficientes con mínimo, dos recámaras, baño, cocina y estancia-
comedor, indicó.
Casas de 40 m² o menos para la familia promedio de 3.4 personas (4), consideró
Herrera Magdaleno, vulnera el derecho a una vivienda digna. El hacinamiento
generado -más de 2.5 personas por cuarto-, aseveró, es causa directa del
deterioro en el desarrollo personal-familiar, de aumento de la violencia doméstica,
afectación a la salud mental y al esparcimiento de la niñez, juventud y vejez.
CONTEXTO SISTÉMICO EN BC
En Baja California la Ley de Edificaciones del Estado (LEBC) mandata condiciones
de Seguridad, Riesgo y Movilidad Inclusiva, marco legal que además impone
obligaciones específicas sobre la construcción y el uso del suelo, en respuesta a
su contexto sísmico y de desarrollo urbano, explicó el presidente del CICE.
La misma LEBC rige las edificaciones en Ensenada, apuntó, y se enfoca en
seguridad, higiene, acondicionamiento ambiental, diseño universal y la obligación
de que toda edificación tenga un nivel de seguridad adecuado contra fallas
estructurales, cumpliendo con las Normas Técnicas Complementarias para Diseño
Sísmico y por Viento.
Destacó Herrera Magdaleno que el Ayuntamiento de Ensenada ejerce las
atribuciones constitucionales y delegadas para el control del territorio, debiendo
aplicar con rigor los reglamentos que aseguran la funcionalidad de la vivienda y la
dotación de infraestructura.
Toca a la autoridad municipal y a los constructores de vivienda controlar el
desarrollo mediante el Estudio de Impacto Urbano (EIU) y la Memoria Descriptiva
del Uso (MDU), instrumentos que evalúan la afectación a la estructura vial,
hidráulica, sanitaria, social y económica, explicó.
Le corresponde, además, establecer los Programas de Desarrollo Urbano
Municipal en el que se fijan parámetros de intensidad de uso COS, CUS
(Coeficientes de Ocupación y Utilización de Suelo), los cuales deben ser aplicados
por el Control y Administración Urbana.
Para alcanzar el estándar óptimo de 90 m² (60 m2 progresiva) en lotes urbanos
limitados, el municipio tiene la obligación de forzar el desarrollo vertical y la
densificación, combatiendo la expansión desordenada y la crisis de
infraestructura-movilidad, señaló.
CASAS DEL BIENESTAR
Para el CICE la vivienda del bienestar de 60 metros cuadrados impulsada por el
Gobierno Federal que se dice serán progresivas, deben considerar terrenos de
mínimo 120 metros cuadrados y con un frente de 6 m.
Pero podrían ser de 140 m2, con un frente mínimo de 7 para una vivienda
progresiva de 60 a 90m2 con un COS 0.6, y un CUS 1.2, con densidad de 45
viviendas por hectárea, para que las ampliaciones sean sobre espacios
disponibles como los patios traseros, no sobre el garaje frontal.
Se debe considerar, explicó, espacio acorde a vehículos de dimensiones mayores
y no mínimos, causando un problema de espacio e invasión al derecho de vía,
área verde y de desenvolvimiento exterior y servicios.
Que la progresividad venga acompañada de características estructurales y
funcionalidad que les brinden seguridad, confort y dignidad a las familias,
manifestó Herrera Magdaleno.
Esa política pública puede ser un éxito y generar condiciones de mayor bienestar
familiar y social si se hace cumpliendo con lo que establecen las leyes de los tres
niveles de gobierno, consideró.
Pero, advirtió, si se repiten esquemas anteriores de hacinar miles de viviendas en
espacios reducidos y alejados de los servicios públicos, salud, educación y de los
centros de trabajo, se repetirá el fracaso en perjuicio de las familias.
