**Reconoció Lourdes Jiménez Valenzuela beneficios de la propuesta federal de Decreto para la Autorización Inmediata de Proyectos de Inversión
ENSENADA BC, 28 de junio de 2026. – La simplificación administrativa puede convertirse
en una poderosa herramienta para el desarrollo económico, siempre que tenga como
fundamento la certeza jurídica, la transparencia y el fortalecimiento institucional, aseguró
Lourdes Jiménez Valenzuela, presidenta de la delegación Ensenada de la Cámara Nacional
de la Industria de Transformación (CANACINTRA).
Porque atraer inversiones no consiste únicamente en abrir puertas más rápido; consiste,
sobre todo, en generar la confianza necesaria para que esas inversiones permanezcan,
crezcan y contribuyan al desarrollo sostenible de nuestras comunidades, aseveró.
La competitividad de una región ya no depende únicamente de su ubicación geográfica, de
su infraestructura o de la calidad de su capital humano, apuntó, en un entorno internacional marcado por la estabilidad económica y la relocalización de cadenas de suministro, la rapidez y certeza con la que un gobierno resuelve los trámites para una inversión se han convertido en factores decisivos para atraer nuevos proyectos.
En ese contexto, reconoció la dirigente, la propuesta de Decreto para la Autorización
Inmediata de Proyectos de Inversión representa uno de los esfuerzos más relevantes de los
últimos años para transformar la relación entre el sector productivo y la administración
pública.
Su objetivo es claro: reducir tiempos, homologar procedimientos y digitalizar la gestión
gubernamental para facilitar la instalación y expansión de empresas en México, motivo por
el cual la CANACINTRA suscribe plenamente el decreto.
Coincidimos con la iniciativa que plantea la creación de una Ventanilla Digital Nacional de
Inversiones, donde las empresas podrán gestionar trámites relacionados con su constitución, construcción y operación, integrando procedimientos de los tres órdenes de gobierno, anotó Jiménez Valenzuela.
La propuesta de un Modelo Nacional de Homologación de Trámites, que busca estandarizar
requisitos, tiempos de respuesta y procesos administrativos en todo el país, encaja
plenamente en las necesidades de la industria, dijo.
Consideró una innovación el esquema de Autorización Inmediata -en máximo 30 días- a
proyectos ubicados en Polos de Bienestar, representen inversiones superiores a 2 mil
millones de pesos o pertenezcan a sectores estratégicos como: semiconductores, tecnologías de la información, electrónica, automotriz, autopartes, dispositivos médicos, farmacéutica, aeroespacial, energía, química y textil.
Para el resto se contempla que los trámites federales deban resolverse en un máximo de 90 días hábiles, estableciendo incluso la figura de autorización por falta de resolución dentro del plazo previsto, añadió.
Desde la perspectiva industrial, estos planteamientos responden a una necesidad
ampliamente identificada, ya que durante años la duplicidad de requisitos, falta de
coordinación entre dependencias y tiempos prolongados de respuesta han incrementado los
costos de inversión y reducido la competitividad del país frente a otras economías que
compiten por atraer capital.
Sin embargo, la simplificación administrativa no debe medirse únicamente por la reducción
de tiempos, precisó, su verdadero éxito dependerá de la capacidad institucional para
mantener la calidad técnica de las evaluaciones, garantizar el cumplimiento de la
normatividad y ofrecer plena certeza jurídica a los inversionistas.
El decreto contempla que los proyectos presenten requisitos fundamentales como una carta
compromiso de proveeduría local, entre otros, lo que muestran que la intención no es
eliminar controles, sino concentrar y coordinar su revisión mediante un procedimiento más
eficiente, anotó la líder de los industriales.
Jiménez Valenzuela destacó que para Baja California, se plantea integrar una Autorización
Estatal y una Autorización Municipal que concentren diversas resoluciones actualmente
dispersas entre múltiples dependencias.
Bajo este esquema, los permisos relacionados con impacto ambiental, desarrollo urbano,
protección civil, servicios públicos, funcionamiento y otras autorizaciones podrían
resolverse mediante un procedimiento único, con plazos de 30 días hábiles para la etapa de
construcción y 15 días hábiles para la etapa de operación.
Para una entidad como Baja California, subrayó, cuya economía mantiene una fuerte
vocación exportadora y manufacturera, esta propuesta representa una oportunidad
importante.
Sectores como: dispositivos médicos, manufactura avanzada, electrónica, aeroespacial,
logística, energías limpias y agroindustria podrían beneficiarse de una mayor coordinación
institucional y de menores tiempos de respuesta, fortaleciendo la posición del estado dentro de las cadenas globales de valor, consideró.
En el caso de Ensenada, las oportunidades son particularmente relevantes ya que reúne
condiciones estratégicas para atraer inversiones relacionadas con la economía azul,
biotecnología, industria alimentaria, energías renovables, logística portuaria y manufactura
especializada.
Manifestó que reducir los tiempos de autorización puede convertirse en un factor
diferenciador frente a otras regiones del país, siempre que dicha agilidad vaya acompañad de infraestructura suficiente, disponibilidad energética, talento especializado y seguridad
jurídica.
No obstante, también es pertinente abrir una reflexión sobre el alcance de la propuesta, ya
que, si bien el decreto está claramente orientado a proyectos de gran escala y sectores
estratégicos, el desarrollo económico de México depende en gran medida de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Las MIPYMES representan más del 99% de las unidades económicas del país, generan
alrededor del 72% del empleo y aportan más de la mitad del Producto Interno Bruto.
La simplificación regulatoria debe convertirse también en una política pública que
beneficie a quienes diariamente enfrentan procesos administrativos complejos para abrir,
ampliar o modernizar sus empresas.
“En CANACINTRA consideramos que facilitar la inversión no significa reducir los
estándares regulatorios, sino construir instituciones capaces de resolver con mayor
eficiencia, transparencia y coordinación”, manifestó Jiménez Valenzuela.
La competitividad, aclaró, no surge de eliminar requisitos indispensables en materia
ambiental, urbana o de protección civil, sino de evitar duplicidades, reducir
discrecionalidad y ofrecer reglas claras para todos los participantes.
El decreto representa una oportunidad para modernizar la gestión pública y fortalecer la
confianza de inversionistas, pero, advirtió, su verdadero éxito no dependerá únicamente del contenido normativo, sino de la capacidad de los tres órdenes de gobierno para
implementarlo de manera homogénea, con criterios técnicos, recursos suficientes y una
visión de largo plazo.
México atraviesa un momento histórico para consolidarse como uno de los principales
destinos de inversión del continente. Aprovechar esa oportunidad exige un marco
regulatorio moderno, instituciones eficientes y una colaboración permanente entre
gobierno, iniciativa privada y sociedad, dijo.
